Se siguen sumando más fuerzas de rechazo a las Resoluciones de la CREG (101 120 y 101 126 de 2026) que castigan a los usuarios que excedan más del 10% su consumo de energía del promedio del último año, con el 30% a los estratos 1, 2 y 3, con el 50% a los estratos 4, 5 y 6 y 70% a las tarifas comerciales y Mipymes. Esta medida mide con el mismo rasero a los usuarios que habitan tierras cálidas, templadas y frías cuando en regiones como la Costa Caribe las altísimas temperaturas obligan a la utilización de ventiladores, aires acondicionados, neveras, no como un lujo si no como una necesidad so pena de sufrir quebrantos de salud y hasta pérdidas de alimentos y líquidos necesarios para la vida diaria.
La Liga Nacional de Usuarios exalta la actitud del alcalde Distrital de Cartagena, Dumek Turbay, por haber enarbolado la defensa de los habitantes de la región Caribe rechazando este atentado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y haber presentado una demanda de nulidad de esta medida ante el Consejo de Estado, con la cual busca, en primer lugar, declarar la nulidad de la Resolución CREG 101 126 por “considerar que infringe normas constitucionales y legales” y segundo, “como consecuencia de esa nulidad, la CREG se abstenga de trasladar cobros adicionales por consumos excedentes a los usuarios regulados de Cartagena y la región Caribe”.
También, este martes 15 de septiembre la directora del diario El Heraldo, Erika Fontalvo, dedicó un extraordinario editorial (¡Ya basta de clavar al Caribe con las tarifas de energía! Respeten – ELHERALDO.CO) a cuestionar estas medidas de la CREG y por lo tanto “El Caribe no puede tolerar ni aceptar que una regulación concebida lejos de su realidad climática lo convierta, otra vez, en el pagador más castigado o “clavado” de una crisis que no provocó”. Asimismo, el personero distrital de Santa Marta, Edwar Orozco, se manifestó con una tutela contra esta Resolución de la CREG ante un Juzgado del Circuito de Santa Marta, el cual admitió la acción jurídica. Debemos resaltar también la declaración pública de la Asociación de Empresarios por Amor a Barranquilla, firmada por su presidente Guillermo Peña, exigiendo que estas medidas coercitivas sean desestimadas por el gobierno nacional.
