Más de once millones de caribeños están cansados de los abusos. En el Caribe anida la mayor pobreza monetaria y energética del país, el 92% de la informalidad eléctrica nacional está en esta región, la infraestructura eléctrica más atrasada del país, tarifas costosas. Es hora de que el Estado atienda la situación, buscándole salidas adecuadas y efectivas. De los problemas más graves es el de la empresa AIR-E, que inició actividades en octubre de 2020. Según Dagoberto Quiroga, ex Superintendente de Servicios Públicos, la venta de los activos de Electricaribe a sus nuevos dueños en Atlántico, Magdalena y La Guajira fue por una suma irrisoria: $28.000 millones de pesos, cuando la CREG valoró dichos activos en $2.4 billones.
Antes de cumplir cuatro años de funcionamiento, la empresa AIR-E tuvo las tarifas eléctricas más altas en la historia del país, $1.211 el kilovatio hora en abril de 2024, producto de un régimen especial tarifario más costoso que el resto del país, aprobado en el gobierno de Iván Duque, y una opción tarifaria que fue autorizada por la CREG en el Gobierno Petro para ser cobrada durante diez años, pero AIR-E la cobró casi toda (unos $850.000 millones) en menos de un año, antes de irse de la región. El Gobierno Nacional se vio obligado a recibir la empresa e intervenirla a través de la Superservicios, que definió que dicha intervención era con fines de liquidación. Pero después de dos años, el deterioro de la empresa continúa.
Las cifras dadas a conocer por el agente interventor de AIR-E, ingeniero Ramiro Castilla, en la Comisión Quinta del Senado el miércoles 16 de septiembre, son lapidarias: recaudo de 72.37%, cartera total de siete billones de pesos, pérdidas eléctricas de 34,86%, más altas que las que tenía en 2020, el Ebitda (rentabilidad antes de restar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) negativa en un billón de pesos; deudas por pagar de $5.7 billones ($3.8 billones después de la intervención) y un déficit estructural de caja a diciembre de 2026 de $5.2 billones. Y comprando el 53% de la energía en la bolsa diaria porque ya muchos generadores no le aprueban contratos a largo plazo. Evidentemente, después de casi dos años de intervención en el gobierno anterior, la situación empeoró en vez de mejorar.
En resumen, la crisis de AIR-E (y también de AFINIA) es de carácter estructural, con la infraestructura más obsoleta del país, el 92% de la subnormalidad eléctrica nacional en la Costa, con tarifas altas ($1033 kwh AFINIA y $873 kwh AIR-E), cobrando todavía una sobretasa a la comercialización del 20% solo en la Costa Caribe, que representa más de $50 kwh, cuando varios fallos de la Justicia le ordenaron a la CREG eliminar ese régimen especial tarifario, sin embargo, no lo ha hecho. Pero si han tratado de descargar esta crisis en los usuarios, subiendo tarifas y recortando subsidios con el Registro Universal de Ingresos RUI.
SALIDAS A LA CRISIS ELÉCTRICA DE LA COSTA CARIBE
Para sacar a AIR-E de cuidados intensivos, como calificó su situación un viceministro de Minas del gobierno anterior, se requiere una cirugía de alta complejidad, sobre la cual la Liga Nacional de Usuarios ha propuesto: 1) Estabilizar a AIR-E con recursos frescos del gobierno nacional a través del Fondo Empresarial de la Superservicios como lo hicieron gobiernos anteriores con empresas intervenidas. 2) Modernizar la infraestructura eléctrica utilizando recursos de las regalías mineras como está en el plan de desarrollo. Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG estimó que se requieren de ocho a diez billones de pesos en el próximo quinquenio para inversión en redes eléctricas en la región Caribe, parte de los cuales pueden provenir del Fondo Nacional de Regalías Mineras. 3) Establecer unas tarifas pagables. 4) A mediano plazo crear una empresa regional eléctrica del Caribe de carácter mixta, fusionando las empresas que existen en esta región y estén de acuerdo (el gerente de EPM de Medellín John Maya dijo en la Mesa Energética de la Procuraduría que veía con buenos ojos esta propuesta), medida que ha venido ventilando el gobernador del Atlántico Eduardo Verano y otros sectores. 5) No continuar con las violaciones al debido proceso en las reclamaciones de los usuarios que han venido sufriendo el mal servicio, las altas tarifas y desafueros sin cuento, siendo que son los que sostienen todo el andamiaje del Sistema Eléctrico Nacional.
Creemos que algunas medidas presentadas por el nuevo gobierno de Abelardo de La Espriella están en la dirección adecuada, pero son insuficientes, veamos: insuflar al sector eléctrico en crisis con $1.5 billones de pesos en lo que resta del 2026, de los cuales ya adelantó $300.000 millones entregados al Fondo Empresarial de la Superservicios; tarifas diferenciales para la región Caribe que deben estar por debajo del resto del país; otros recursos adicionales por $1.2 billones a tramitar en el Congreso de la República y utilizar regalías mineras para mejorar la infraestructura, como lo afirmó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez, en un debate la semana pasada en el Congreso de la República. Pero estos recursos no son suficientes, con solo mirar la gravísima situación de la empresa AIR-E Intervenida.
Finalmente, para avanzar en la dirección correcta sugerimos que se implemente una política eléctrica y energética públicas, de Estado, obligatoria para todos los gobiernos, un plan a largo plazo concertado con las fuerzas vivas y autoridades de la región y del país, propuesta que hacemos en el marco del XXVIII Congreso de ANDESCO.
Norman Alarcón Rodas
Coordinador Liga Nacional de Usuarios de la Costa Caribe
Cartagena, 23 de septiembre de 2026
