Esta es una serie periodística dividida en tres entregas (la primera puede consultarla aqui:Río de dinero, sin agua: El billón que no sacia la sed de Riohacha) , resaltando la tensión estructural, el mercado paralelo y el manejo de la facturación que repercuten en la sed de Riohacha (La Guajira).
Te contamos en esta segunda publicación cómo Aqualia blindó sus ganancias, monetizó la sequía y ató las manos del Distrito por 30 años. Se explicará el análisis jurídico forense del nuevo contrato con Aqualia, la denuncia de captura institucional y la simulación de concesión bajo un esquema de riesgo cero.
La subordinación de la política:
El contrato de acueducto y alcantarillado amarra a Riohacha hasta 2053, trascendiendo a seis administraciones distritales. Las decisiones del agua no se toman en la Alcaldía, sino en la junta directiva del operador privado. El político de turno renuncia a sancionar al operador y se convierte en un tramitador de pagos.
Cláusulas de escándalo (La arquitectura de la extracción):
- Monetización de la sequía (Cláusula 13): Si hay un paro de agua de 8 días o más por sequía, el Distrito no multa a Aqualia; por el contrario, debe sacarle del presupuesto público un 15% adicional de sus ingresos mensuales y pagárselo en 3 días hábiles. La crisis hídrica es un negocio.
- (Cláusula 6.17): Aqualia cobra el 12,5% de comisión por estructurar y supervisar las obras que pagará el Estado con regalías. Actúa como juez y parte: entre más cara la obra pública, más gana el privado. Es decir, una comisión por administrar dinero público.
- Blindaje fiduciario (Cláusulas 7.32 y 16): El SGP entra a un Patrimonio Autónomo (Consorcio FIA: Bancolombia, BBVA, Bd Bogotá) que le paga al privado primero. Si el Estado se retrasa, el operador cobra intereses moratorios.
Si el ciudadano en los barrios periféricos reciben agua 4 horas a la semana, no tiene mecanismo de compensación.
El embudo financiero:
Por cada $100 que entra al sistema, $20 se queda en el sistema financiero (pago de deuda BIRF al Banco Mundial y comisiones fiduciarias) antes de llegar a la tubería. Se estima un drenaje de $191.700 millones
La tesis jurídica:
La investigación concluye que el contrato es nulo por objeto ilícito (cobrar por un servicio que no se presta en condiciones reglamentarias) y causa falsa (simular una concesión de riesgo cuando es un esquema de financiamiento público con rentabilidad privada garantizada).
Por esto desde la Liga Nacional de Usuarios creemos que se debe activar la reversión del contrato y crear una Empresa 100% Pública y Cívica de Aguas para poner el agua al servicio de la gente y no del flujo de caja de los bancos.
