La promesa de que la libre competencia reduciría los costos del servicio de aseo en Colombia ha resultado ser, en la práctica, un mito que golpea el bolsillo de los ciudadanos. Bajo la premisa de que “a más empresas, menores precios”, el Gobierno Nacional ha impulsado modelos que, lejos de beneficiar al usuario, han fragmentado el mercado y encarecido la vida en las ciudades: tenemos las tarifas de aseo más caras de la historia y, aun así, vemos más basura en las calles. La tesis es contundente: la libre competencia no baja las tarifas en este sector porque la fórmula tarifaria está regulada por igual para todas las empresas y, sin la presencia de una empresa pública fuerte que actúe como contrapeso, los operadores privados no tienen incentivos reales para reducir su margen de rentabilidad.
La tarifa de aseo depende de la CRA
El primer obstáculo insalvable para que los precios bajen es la estructura técnica de la tarifa. Todos los componentes que pagamos se calculan con la misma metodología regulada: las Resoluciones CRA 720 de 2015 y 943 de 2021, dentro del régimen del Decreto 1077 de 2015, el barrido y la limpieza urbana como cargo fijo por suscriptor, y la recolección y la disposición final por tonelada. La fórmula es igual para todos; lo que hace que una empresa cobre más o menos que otra no es la competencia, sino tres factores que la competencia no puede modificar:
- Primero, las condiciones geográficas de cada ciudad, distancias y tipo de terreno que encarecen la recolección y el transporte
- Segundo, el número de suscriptores urbanos entre los que se reparte el costo y este en disposición el espacio en metros cuadrados por habitante, pues en algunos casos a mayor densidad, menor tarifa por usuario.
- Tercero, la disposición de renta de la empresa, es decir, cuánto margen decide tomar, que en algunos casos está por encima del 30% de rentabilidad.
De esos tres, los dos primeros no dependen del operador propiamente, y el tercero, el único discrecional, no baja por sí solo: sin una empresa pública que fije el punto de referencia, el privado no tiene por qué recortar su utilidad y así se sustenta en la ley al declarar la suficiencia financiera que en el libre mercado es tan amplia como la estructura de costos y competencia lo permitan. Por eso la libre competencia declarada por el pluralismo de operadores en una ciudad no abarata los costos del servicio y contrario a esto si está expuesto a las imperfecciones del modelo como sucedie en Cali desde el pasado mes de enero de 2026: una “guerra del centavo” en la que hasta nueve empresas se disputan al mismo suscriptor en una misma ciudad incluso en un mismo barrio y como el costo de recolección es fijo por recorrido, esa fragmentación obliga a que varios camiones repitan la misma ruta para servir a pocos usuarios cada uno destruyendo precisamente las economías de escala (el segundo factor) y encareciendo una operación que al final pagan los usuarios.
Empresas de aseo que priorizan excesiva rentabilidad
Además, existe una distorsión en la finalidad del servicio. Mientras la Constitución exige una función social (artículo 365), las multinacionales privadas persiguen una rentabilidad desproporcionada: en Soacha, Urbaser reportó un margen de utilidad del 28% ($22.793 millones sobre ingresos de $80.262 millones en 2023), muy por encima de los retornos regulados que estas mismas firmas aceptan en otros países. Sin un competidor público de referencia, como el que se propone en Soacha con la empresa 100% pública EPUXUA, no hay presión real que obligue a los privados a ajustar sus tarifas, ni hay una motivación real para ofrecer eficiencia en el proceso de la prestación del servicio y debido a la naturaleza misma de las empresas, un operador público puede prestar el servicio con costos más bajos y utilidades justas, sirviendo de “freno” a los cobros excesivos de los privados.
Tenemos las tarifas de aseo más caras de la historia
La evidencia del fracaso de este modelo es palpable en las cifras del 2026 para el estrato 3 y en información de la misma corte Constitucional
- Palmira: una de las tarifas más altas del país, $60.292, con quejas por presunto abuso de posición dominante de Veolia.
- Bogotá: lejos de “terminar” sus Áreas de Servicio Exclusivo, la CRA las amplió más allá de los 8 años (Res. CRA 1027 de 2026), por orden de la Corte Constitucional, que consideró regresivo el tránsito inmediato a la libre competencia. Es la prueba de que ni el juez constitucional avala el modelo de mercado puro para el aseo.
- Tuluá: aumento del 16,54%, situándose en $40.463.
- Cali: bajo el nuevo modelo de libre competencia, la tarifa ya alcanza $36.798, sumada al caos de no tener un catastro unificado.
- Cartago: aumento del 22%, con una tarifa de $51.000 en 2026.
Ante este panorama, la solución parte de varias particularidades pero con el mismo hilo conductor: el aseo es, en esencia, un monopolio natural y un derecho que no puede negársele a nadie por su incapacidad de pago, a la vez que importa a la sociedad en su conjunto. Para los municipios de Palmira y Tuluá, cuyos contratos de operación están próximos a vencer en 2027, la propuesta es que el municipio asuma directamente la prestación del servicio, de manera eficiente y responsable, eliminando la intermediación privada que encarece el recibo.
Para el caso de Cali, la ciudad necesita un competidor público, como EMCALI que ayude a rebajar las tarifas. No se puede permitir que el Gobierno Nacional entregue a Emsirva como un “cascarón vacío” o “empresa fantasma”, desligada de su catastro de 900.000 usuarios; por el contrario, recuperar ese activo es la única forma de que el dinero de los caleños se reinvierta en la ciudad y no en el enriquecimiento de unos pocos operadores privados, en un modelo de competencia que ya demostró su ineficacia. Es hora de que el aseo vuelva a ser un derecho público y no un negocio de mercado.
